La violencia tiene muchas caras y formas de expresión. Una de las más cercanas por su impacto en la vida de la sociedad está llegando a todos los ámbitos, incluídos los ministros religiosos. La revista Proceso Jalisco de esta semana reporta el dato de las agresiones a sacerdotes y obispos católicos en la Provincia Eclesiástica de Guadalajara. Llama la atención que los obispos no hayan denunciado ante las autoridades el tema, bajo el criterio de mantener la discreción. Tal conducta habría sido diferente en caso de que la agresión hubiera tenido un desenlace fatal.
¿Qué tienen en mente las autoridades de la iglesia católica cuando deciden ocultar o recomendar el silencio ante la agresión? El riesgo es que el silencio que surge como solidaridad ante el agredido, para no exponerlo al escrutinio de los medios de comunicación, se pueda transformar en silencio cómplice. Veamos como explican ahora su proceder y cómo se posicionan ante el clima de violencia.
La información publicada en el artículo Alerta roja en el norte de Jalisco señala:
Agresión en la sierra
Hombres armados que montaron un falso retén le dispararon a la camioneta en la que viajaba el religioso José de Jesús González Hernández, obispo de la Prelatura del Nayar, en la región huichola, comprendida entre Jalisco, Nayarit y Zacatecas, que es jurisdicción de la provincia eclesiástica de Guadalajara.
El atentado se realizó al mediodía del jueves 12, en el tramo carretero que va de Huajicori a Acaponeta, Nayarit, adonde los religiosos se dirigían para una visita pastoral. En el vehículo, conducido por el franciscano José Luis Gómez, párroco de Huajicori, quien también se desempeña como vicario pastoral, viajaba una persona más.
Testigos consultados por este semanario afirman que los pistoleros hicieron señales para que detuvieran la camioneta, pero los tripulantes no se dieron cuenta de nada hasta que el vehículo recibió los balazos de alto calibre. Entre insultos, los pistoleros les ordenaron que bajaran con las manos levantadas, y aunque al percatarse de que eran ministros de culto los dejaron en libertad y hasta se disculparon, les advirtieron claramente que no debían denunciar la agresión ante la policía.
Este hecho se enmarca en la ola de violencia que padece esta región serrana.
Fuentes cercanas a la arquidiócesis tapatía confirmaron la agresión al obispo. Informan que el prelado José de Jesús González se lo comunicó a autoridades eclesiales como la Nunciatura Apostólica, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quienes le recomendaron que no diera a conocer el hecho a los medios de comunicación.
José de Jesús González Hernández, franciscano originario de Ezatlán, Jalisco, cumplió un año como obispo de El Nayar en febrero pasado. Anteriormente fue misionero en Mozambique, África, durante cinco años.
El silencio de la Iglesia católica al respecto es absoluto. Ni siquiera en el Centro Católico Multimedial (www.ccm.org.mx), en el cual se documentan otras agresiones a sacerdotes, se menciona el caso de González Hernández. El último que registra el Informe de Ataques a templos sagrados es el que se perpetró hace poco más de un año contra la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de la capital de Nayarit.
En el mencionado sitio electrónico se dice que agentes federales irrumpieron en el recinto religioso cuando se oficiaba una misa de cuerpo presente para dos personas ejecutadas. “El operativo provocó pánico entre los fieles que se encontraban en el acto religioso; más tarde, la Procuraduría General de Justicia de Nayarit informó que personal de la Unidad de Combate al Narcomenudeo y Ejército buscaban a un presunto vendedor de droga”, se afirma.
Dada
El 5 de febrero pasado, el diario Zócalo publicó que el obispo Alonso Garza Treviño fue amagado por presuntos zetas cuando viajaba por la carretera ribereña hacia Piedras Negras. El jerarca católico reveló que los agresores decidieron dejarlo con vida cuando se dieron cuenta de su investidura religiosa.
Después del grave incidente, Garza Treviño declaró: “Doy gracias a Dios por haber tenido esta amarga experiencia de ser amagado en una carretera de la región, porque de esta manera conozco los sucesos que vive mi pueblo y mi diócesis”.
Dos días después el obispo de Saltillo, Raúl Vera, declaró al mismo periódico que él incluso ha sufrido extorsiones del crimen organizado: “Nadie en este país está protegido, nadie; todos estamos expuestos a ser víctimas de lo que se les ocurre a quienes quieren sacar dinero fácil. Este país está abierto a toda impunidad. Sé del peligro en las diócesis de Nuevo León y Matamoros; sé todos los riesgos que hay en la Ribereña, es una de las zonas que están vedadas”.
El Centro de Comunicación Multimedial publicó recientemente, en un documento titulado Creciente agresión contra sacerdotes en México, que desde 2006 se han registrado 13 asesinatos de curas, y que el año pasado más de mil sacerdotes fueron víctimas de intento de extorsión y cerca de 162 fueron amenazados de muerte.
Las entidades con más delitos contra sacerdotes son el Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Aguascalientes, Coahuila y Puebla (Proceso 1798). (Con información de Víctor M. López.)
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